Por Javier Noyola
Hay temas que existen a la vista, pero que preferimos no mirar de frente. El trabajo sexual es uno de ellos. Está presente en la economía, en la tecnología, en las ciudades y en internet. Sin embargo, sigue siendo tratado como una excepción incómoda, algo que se analiza desde la moral o la salud, pero rara vez desde su realidad más evidente: es un mercado. Y…
¡Extenso!
A nivel global, la industria del contenido para adultos mueve cifras enormes. Solo la pornografía genera cerca de 100 mil millones de dólares al año, y plataformas como OnlyFans reúnen a millones de creadores y cientos de millones de usuarios. Hablamos de una actividad económica con escala, dinámica y evolución propia.
Aun así, sorprende que menos del 5 % de los estudios académicos sobre el tema lo aborden desde una perspectiva económica. La mayoría se concentra en la medicina, la psicología o el derecho. Es decir, analizamos su realidad, pero evitamos entender su funcionamiento. Entenderlo cambia por completo la conversación.
El trabajo sexual, como cualquier otro mercado, responde a oferta, demanda e incentivos. Las personas entran, salen o cambian de modalidad según las condiciones económicas, sociales y tecnológicas. Es decir, es un mercado flexible y, muchas veces, es una respuesta directa a la demanda.
México, un ejemplo claro.
Se estima que entre 500 000 y 800 000 personas se dedican al trabajo sexual en el país.
Durante la pandemia, el número en la Ciudad de México se duplicó debido, principalmente, a la necesidad económica surgida en ese momento. Cuando otros ingresos desaparecen, este mercado absorbe la presión. Al mismo tiempo, algo más está ocurriendo.
El crecimiento del “sexo digital” ha transformado el panorama.
México es hoy el quinto consumidor mundial de OnlyFans, con cientos de millones de dólares en movimiento anual. Esto ha reducido barreras de entrada, cambiado percepciones y, en algunos casos, disminuido el estigma.
Pero no todo se mueve al mismo ritmo. Mientras el entorno digital se integra cada vez más a la economía formal, el trabajo sexual presencial sigue atrapado en una zona gris.
No es ilegal, pero tampoco está claramente regulado. Ese vacío genera vulnerabilidad, abriendo la puerta a la extorsión, a la falta de protección y a una invisibilidad que dificulta cualquier política pública efectiva.
Y aquí aparece una paradoja. Cuando se ha regulado o despenalizado en ciertos contextos, los resultados han sido reveladores.
En algunos casos, han disminuido los delitos violentos y ciertas enfermedades. En otros, la criminalización ha tenido el efecto contrario. Es decir, las decisiones legales no solo son morales o políticas, también tienen consecuencias medibles.
El problema es que seguimos tomando muchas de esas decisiones sin suficiente evidencia. Parte de la dificultad está en la propia naturaleza del fenómeno porque es diverso, cambiante y muchas veces invisible.
No es lo mismo una trabajadora en la calle que una creadora digital. No comparten condiciones, riesgos ni ingresos. Agruparlas bajo una sola etiqueta simplifica una realidad que es compleja. Sin embargo, evitar esa complejidad no la hace desaparecer.
Tal vez el punto de partida sea incómodo, pero necesario: Dejar de pensar el trabajo sexual solo como un problema y empezar a entenderlo también como una realidad económica. No para justificarlo ni romantizarlo, sino para comprenderlo mejor.
lo que no se entiende, no se puede regular bien, y lo que no se regula bien, termina perjudicando a quienes YA están en una posición vulnerable.